miércoles, 16 de mayo de 2012

"Hablemos de hechos", martes 15 de mayo de 2012


Este tipo de programas improvisados en la voz de los propios funcionarios no lo encuentro compatible con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.

Locutores improvisados con contenidos ídem trae los consiguientes riesgos de fastidiar al oyente pues hay casos donde sus habilidades no son las de improvisar y de locución, o cuando tiene tales cualidades se podría estar dando el caso que de cuenta de presupuestos públicos estén promocionando su imagen para futuras contiendas electorales.

Nótese que en esta emisión, donde lo más trascendental a nivel institucional que ocurre en el municipio es la tramitación en el Concejo del Plan de Desarrollo 2012-2015, este no es objeto de publicidad ni aún de mención.

Por lo demás, es inherente a la naturaleza humana ser muy benevolentes con nosotros mismos, e incisivos y hasta inquisitoriales con los demás.

La objetividad está fuera de base en los autocomplacientes programas semanales que "institucionalizó" el antepenúltimo alcalde, y llevó a los más altos grados de autoelogios y loas propias, el penúltimo.

Las verdades a medias, ha dicho la sabiduría popular, son mentiras completas.

Transcribo el artículo 10 aludido para que juzque el eventual oyente:

ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. Los recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad. 

Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión. En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar Ia impresión de ediciones de lujo.


PARÁGRAFO 1o. Las entidades del orden nacional y territorial que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para publicidad o difusión de campañas institucionales, deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, tomando como base para la reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación presupuestal para publicidad o campaña. Una vez surtida la reducción anterior, en los años siguientes el rubro correspondiente sólo se podrá incrementar con base en el Índice de Precios al Consumidor. 


PARÁGRAFO 2o. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades de Economía Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado que compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de interés público en salud. Pero en todo caso su ejecución deberá someterse a los postulados de planeación, relación costo beneficio, presupuesto previo y razonabilidad del gasto. 


PARÁGRAFO 3o. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta disposición están obligadas a publicar periódicamente en su página de Internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este artículo.


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