miércoles, 14 de noviembre de 2012

Proyecto de acuerdo para prohibir la minería de metales

Hoy miércoles 14 de noviembre de 2012 a las dos (2) de la tarde será el primer debate del Proyecto de Acuerdo 017 por medio del cual se proscribiría la minería de metales en Urrao.

Según el artículo 77 de la Ley 136 del 1994 toda persona tiene derecho a participar en la discusión de los proyectos de acuerdo en su primer debate, dice el artículo:

Artículo  77º.- De la participación ciudadana en el estudio de proyectos de acuerdo. Para expresar sus opiniones, toda persona natural o jurídica, podrá presentar observaciones sobre cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en alguna de las comisiones permanentes. La mesa directiva del Concejo dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervención el interesado deberá inscribirse previamente en el respectivo libro de registro que se abrirá para tal efecto.
Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales, las observaciones u opiniones presentadas deberán formularse siempre por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta del Concejo.

Texto del proyecto de acuerdo 017 del 1 de noviembre de 2012:


Proyecto de Acuerdo Nº 017
(Noviembre 01 de 2012)

Por medio del cual se crea la protección especial del territorio en Urrao Antioquia y se prohíben algunas prácticas”

El Concejo Municipal De Urrao Antioquia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 313 de la constitución nacional y las disposiciones consignadas en la ley 388 de 1997, en el artículo 65 de ley 99 de 1993 y artículo 76 de la ley 715 de 2001, 136 de 2004. Ley 685 art.34 y 35, ley segunda de 1959 (reserva natural del pacifico) código penal acusatorio articulo 331 daños ambientales y demás normas reglamentarias y concordantes en la materia y…

Considerando:

1. Autonomía Territorial


Que el Artículo 1 de la Carta Política de 1991 reza: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.


2. Fundamento constitucional


Que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece” tal como lo establece el artículo 3 de nuestra Constitución Nacional.


Que la Constitución es Norma de Normas como lo establece su artículo 4.


3.Fundamento Constitucional


Fundamento ecológico Constitucional


Que Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” como reza el artículo 8 de la C.N. Que la propiedad cumple una función ecológica o social, primando siempre el interés público sobre el particular, tal como lo establece el artículo 58 de la Constitución Nacional. Que los artículos 79, 80 y 85 de la Carta Magna, nos presentan una guía de acción bajo los parámetros de adecuada convivencia en armonía con el medio ambiente.


4. Estado social de derecho y función pública


Que la actuación administrativa obedece a unos principios de ejecución pública como lo establece la Constitución en el artículo 209, así: “La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.


5. Relaciones internacionales y defensa del medio ambiente


Que los artículos 9, 53, 93 y 227 de la Constitución Nacional, obligan al Estado, el respeto de los principios allí consagrados ya citados, obligando a los diferentes entes territoriales, hacer valer el cumplimiento de estos mandatos Constitucionales frente a la inminente, manifiesta y ostensible actitud o actividad de alguna compañía extranjera, violentando así no solo un ordenamiento nacional, sino los diferentes pactos contraídos por diferentes naciones como en este caso, la Ley 165 1994 por medio de la cual el Gobierno Colombiano adopta el Convenio de la Diversidad Biológica, pudiendo acudir a las corporaciones internacionales de justicia.


6. Precedentes jurisprudenciales decretados por la corte constitucional


Que se encuentra suficiente, enmarcar la Sentencia C - 149 de 2010, donde la Honorable Corte, valida y reconoce el Mandato Popular depositado sobre los entes territoriales municipales frente a su Autonomía, así frente a los Macroproyectos de interés social nacional (misn): “Los Misn desplazan las competencias constitucionalmente asignadas a los concejos municipales o distritales en materia de adopción, elaboración, revisión y ejecución de los POTs, en asuntos de alto impacto para el desarrollo de los municipios o distritos. Para la Sala, desplazar las competencias de los concejos en el proceso de adopción de los POTs dando prioridad a lo establecido en los MISN, significa desconocer las competencias que el constituyente asignó a las mencionadas corporaciones administrativas mediante el artículo 313, numerales 1 y 7 de la Carta Política. Por lo anterior, la Corte considera que la disposición atacada implica un vaciamiento de las competencias asignadas por el constituyente a los concejos, en la medida que estos no podrán participar en las etapas de formulación y adopción de los macroproyectos, quedando a expensas de las decisiones que el gobierno nacional incorpore en los MISN y a las cuales quedarán subordinados los POTs. Obteniendo, posterior al análisis correspondiente, que se define como interés general y la autonomía de los territorios, las decisiones tomadas por los Concejos Municipales frente a los mandatos nacionales para aplicar el principio de lo general sobre lo particular de acuerdo a las necesidades y realidades especificas de cada comunidad definido por el Constituyente del 91. Finalmente, limita la actuación del Gobierno Nacional sobre las decisiones de los entes territoriales, así: “Es pertinente recordar que la jerarquía existente entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales se presenta exclusivamente en dos materias: manejo de la economía y preservación del orden público; por lo tanto, no es viable hacer una interpretación extensiva del principio de unidad de materia (C. Po. art. 158), permitiendo la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de temas que no guarden una relación directa con el fin constitucional de la planeación”.


7. Expresiones de la voluntad popular


Que como antecedente a la protección ambiental del territorio, nace del campesinado del Suroeste Antioqueño, la necesidad de proteger su territorio frente a los avances industriales de la minería en el país y la región. Por esto y gracias a las mismas condiciones generadas por el proceso minero, denominado: “Cinturón de Oro de Colombia” que se integran ciudadanos de los diferentes municipios demarcados por este, entre ellos Urrao Antioquia. Es así que bajo los principios de los artículos 3 y 4 de la Constitución y en ejercicio de la misma, a través de los artículos 37, 38, 39, 40 y 103, generan los espacios de debate para ubicar la conveniencia territorial de la exploración y explotación minera, llegando a una negativa para la aceptación de este tipo de procesos económicos. Dada la identidad cultural, agricultora y de reserva natural del Suroeste de Antioquia, como lo es, el Municipio de Urrao Antioquia.


8. Identidad cultural, condiciones técnicas y reserva natural del territorio


Que bajo el proceso histórico y las condiciones geográficas, el Municipio de Urrao Antioquia, se encuentra bajo protección especial frente a las exploraciones y explotaciones mineras de metales, dada su vocación agrícola, el paisajismo que hace parte de la identidad cultural, la riqueza hídrica, las fallas geológicas en el territorio que pondrían en riesgo a la población y a la inmensa variedad en el ecosistema, que lleva a gestar un Municipio de gran biodiversidad que se vería afectada por estas intervenciones.


9. Funciones del concejo y municipio


Que son funciones del Concejo Municipal, entre otras, según la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 313:


2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.


7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.


9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.


Que son funciones asignadas a los municipios por la Ley 99 de 1993:


Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos ambientales regionales, departamentales y nacionales. (Art. 65 numeral 1).


Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. (Art. 65 numeral 2).


Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la Ley 99/93. (Art. 65 numeral 3).


Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. (Art.65 numeral 5).


Dictar dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo (Art. 65 numeral 8).


Promover, cofinanciar, o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulaciones de cauce o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas. (Art. 65 numeral 10).


10.  fundamento filosófico del ecosistema


Que los artículos 5 y 94 de la C. N. consideran la dignidad humana como categoría Supra-Constitucional y que el soporte Ontológico de la Dignidad Humana son el ecosistema, los recursos naturales y la materia prima.
Así, el Honorable Concejo de Urrao Antioquia, por Mandato Popular,


Acuerda:


Articulo primero.- Defensa Constitucional: Ordenar la Defensa Constitucional del Medio Ambiente en el Municipio de Urrao Antioquia.
.
Artículo segundo.- Revisión Constitucional: Ordénese al Área Ambiental del Municipio que le corresponda, realice: diagnóstico, verificación documental y constitucional de los actos administrativos de las diferentes entidades de orden nacional, regional o local que hayan otorgado permisos ambientales o licencias de concesión minera para exploración o explotación sobre el Territorio del Municipio de Urrao Antioquia.


Articulo tercero.- Apertura de Procesos. Sugerir a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía General de la Nación, abrir los procesos de investigación correspondientes a los hallazgos del artículo Segundo del presente acuerdo, en armonía con lo prescrito en el artículo 29 de la Constitución Nacional, para precisar el respeto de las disposiciones Constitucionales protectoras del Medio Ambiente, expuestas en el considerando.


Articulo cuarto.- Declaratoria Protección Especial. Declárese la Totalidad del Territorio del Municipio de Urrao del Departamento de Antioquia, como Zona de Protección Especial por las consideraciones expuestas y prohíbase la exploración y explotación minera de metales.


Artículo quinto.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.


Presentado al Honorable Concejo Municipal para su respectivo estudio, el dia uno (01) de noviembre del año 2012.


César Gilbey Castaño Zapata

Honorable Concejal 2012-2015.

Exposición de motivos


La práctica de la minería es muy vieja. Pero la población no siempre conoce los daños que ésta causa al Medio Ambiente y a la salud de las personas. Los gobiernos y las empresas mineras tienen un acuerdo y han hecho la Ley de Minas, para proteger a estas empresas, y hacerles fácil el negocio. Pero dejan de lado la salud y el bienestar de las comunidades”.
“De todos los tipos de minería, la más dañina es la de cielo abierto, que remueve grandes cantidades de tierra, contamina las fuentes de agua, arruina los suelos y daña la salud humana. La minería a cielo abierto utiliza una sustancia llamada cianuro, que es perjudicial para la salud de las personas. Se usa para quitarle la tierra a los minerales. Éstos se bañan en grandes cantidades de cianuro para limpiarlos”. Una concesión es un permiso que el Gobierno da a una compañía nacional o internacional para explotar una mina. A cambio, las compañías mineras deberían pagar grandes impuestos y dar trabajo a los pobladores cercanos a las minas”. Con esto se supone que se  traería el desarrollo a las comunidades.


El trabajo de economistas e ingenieros de minas ha sido conducido en gran parte sobre la base de dos líneas paralelas sin mucha interacción entre sí. Sin embargo, dado que en general tanto los staffs de trabajo  como los presupuestos para la regulación ambiental han sido reducidos a nivel internacional, y debido a una creciente preocupación a nivel mundial sobre el concepto de que “el que contamina, paga”, los gobiernos se han focalizado en el uso de incentivos económicos para regular los cumplimientos ambientales. Esto ha llevado a la utilización creciente del análisis económico y al  uso de instrumentos económicos en la elaboración de políticas ambientales. El análisis de los nexos inextricables entre ambas variables, economía y medio ambiente, se hace aún más interesante bajo la perspectiva  del desarrollo sustentable.
  
En el pasado, las empresas operadoras frecuentemente  no necesitaban remediar los impactos ambientales ocasionados en los recursos naturales. De esta manera, los costos ambientales no eran económicamente contabilizados  o, incluso, muchas veces se asumían como costo  cero. Como resultado, en muchos países los costos efectivos han sido con frecuencia subsidiados por los contribuyentes y los ciudadanos afectados.


César Gilbey Castaño Zapata

Honorable Concejal 2012-2015.

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